El hecho de la aprobación en el Parlament de les IlIes Balears de la Ley de Juego merece que por primera vez y de forma consensuada los presidentes de las asociaciones empresariales de Baleares Juan Francisco Far, de ACOMAM, Eusebio Cano González, de AESBI, Antonio Aloy Vidal, de ASBA, Carlos Chacón Pérez, de SAREIBA y Javier Blasco, portavoz de CASINOS, emitan conjuntamente una nota de prensa.
Más que el hecho, en sí de contar con una Ley lo que en mayor medida nos merece el agradecimiento y satisfacción ha sido el proceso de elaboración de la misma.
Es este sentido destacamos la implicación personal que ha tenido el Conseller d’Economia i Competitivitat D, Joaquín García Martínez para que esta Ley viera la luz, la gran voluntad de diálogo y participación que ha mostrado la Directora General de Començ i Empresa Dª Lourdes Cardona Ribas, y el excelso trabajo desarrollado por la Cap de Servei de Promoció Empresarial Dª Barbara Mora Munar y su equipo del Servei de Jocs i apostes, para que esta Ley saliera a iniciar su debate parlamentario con el máximo consenso del sector e instituciones públicas y privadas afectadas.
Consideramos que la tramitación del proyecto, ya convertido en Ley, ha sido el paradigma de lo que debe ser una Administración al servicio de los ciudadanos, que escucha y dialoga; para ello basta ver el extenso dossier que acompañó al proyecto en su entrada al Parlament donde se resume todo el esfuerzo en la elaboración y el camino recorrido.
Igualmente es de agradecer la celeridad del Parlament en la aprobación de la Ley y el consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios a la hora de transaccionar determinadas enmiendas, mereciendo especial mención la creación de la Comisión del Juego de las Islas Baleares, que deseamos sirva para mantener viva la llama del consenso alcanzado en la elaboración de la Ley; consenso no sólo para que el espíritu piramidal de la Ley, que hace que cada cual tenga su espacio de negocio delimitado en el que trabajar en libre competencia, se mantenga, sino para hacer que el juego presencial, que genera puestos de trabajo y paga sus impuestos en la Comunidad Autónoma, tenga una voz pública y privada común ante las vicisitudes que el futuro deparará el juego presencial.
