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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona

Después de vetar a los hoteles, prohíbe abrir nuevos establecimientos destinados al turismo en el centro de la ciudad.

Ada Colau sigue con su cruzada contra el negocio turístico. La alcaldesa de Barcelona decretó ayer la prohibición de nuevas aperturas de establecimientos comerciales vinculados al turismo y el ocio en el centro de la ciudad, concretamente en el distrito de Ciutat Vella. Tomó la medida de forma unilateral, sin previo aviso.

Esta medida podrá durar hasta dos años, plazo máximo que se concede el Consistorio para elaborar un plan que permita «limitar las actividades que causan externalidades negativas en los barrios» que más sufren la afluencia masiva de visitantes: hasta 27 millones de personas escogen Barcelona como destino cada año.

Este veto coincide con la prohibición de la apertura de nuevos alojamientos turísticos en la ciudad, que entró en vigor en julio de 2015 y que el Ayuntamiento puede mantener hasta julio de 2017. Aunque, en principio, Colau sostuvo que el veto hotelero no duraría más de un año, el pasado marzo el Consistorio se vio forzado a prorrogarlo por otro año más debido a la falta de apoyos para sacar adelante una regulación que limite y redistribuya el número de camas en Barcelona. El «decrecimiento» que planteaba la alcaldesa parece descartado, pues sólo la CUP lo avala.

La alcaldesa prohíbe ahora la apertura de nuevos bares, discotecas, restaurantes, casinos, bingos, karaokes o locutorios en Ciutat Vella.

Mientras intenta recabar esos apoyos, la alcaldesa prohíbe ahora la apertura de nuevos bares, discotecas, restaurantes, casinos, bingos, karaokes o locutorios en Ciutat Vella. La prohibición se extiende además a las nuevas tiendas de alquiler o venta de bicicletas o motos, oficinas de atención turística o venta de entradas e, incluso, locales para almacenar equipajes.

Los negocios que ya hayan empezado a tramitar su licencia podrán continuar con dichos trámites, como ocurrió con la prohibición que afecta a los hoteles, pisos turísticos, albergues y otra modalidades de alojamiento para visitantes.

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, justificó la prohibición aduciendo la necesidad de impulsar «medidas valientes para devolver a la zona un equilibrio entre la presión turística, la vida vecinal y la diversidad comercial».

Aunque no hicieron declaraciones, suponemos que el PSC, como socio de gobierno, avala la estrategia de Colau. Con lo que otra vez es decisiva la postura que mantengan la CUP y ERC, dado que la alcaldesa no encontrará colaboración en las tres fuerzas que ya han rechazado abiertamente su decisión: CiU, Ciutadans y el PP.

El responsable económico de los populares en el Ayuntamiento, Javier Mulleras, señaló que el gobierno municipal da «una vuelta de tuerca más a la restricción de la actividad económica» en la ciudad.

La postura del PP fue compartida por CiU. Su líder en el Consistorio, Xavier Trias, acusó a la alcaldesa de apostar por el «decrecimiento económico» y por «paralizar y ralentizar proyectos». «Ve el crecimiento como algo de los poderosos, y no como algo de pymes, como ocurre en muchas ocasiones», criticó el soberanista.

También la jefa de filas de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Carina Mejías, afeó a Colau que «prohíba los negocios legales y mantenga una permisividad extrema con los que incumplen la legalidad», en alusión al top manta.

La atención a visitantes genera el 18% de los contratos en la ciudad, según un informe del Consistorio.

La nueva prohibición impuesta por Colau afecta a un sector que genera el 18% de los contratos que se firman en Barcelona, concluye un informe sobre la actividad turística que el gobierno municipal presentará el próximo martes en la Comisión de Economía. Según este informe, en el tercer trimestre de este año se crearon 257.050 contratos de los que 46.376 estaban vinculados a actividades turísticas: 16.198 en servicios de alojamiento, 29.190 en servicios de comida y bebidas y 988 en agencias de viajes y operadores turísticos.<

Fuente: www.elmundo.es

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